La decisión de las autoridades de reforzar los controles contra el transporte informal en Soacha volvió a abrir una discusión que va mucho más allá de las sanciones. Aunque se trata de vehículos que pueden representar un riesgo para los pasajeros y que deben cumplir con las normas de seguridad, la medida también afecta a ciudadanos que durante años encontraron en este servicio una alternativa para desplazarse por el municipio.
Para muchos habitantes, especialmente quienes viven en sectores alejados de las principales estaciones y corredores de transporte, la pregunta ahora es qué opción tendrán para llegar a sus trabajos, estudiar o realizar sus actividades diarias si estos vehículos dejan de circular.
El problema no es solo retirar los vehículos
La seguridad de los pasajeros debe ser una prioridad. Un vehículo que presta un servicio de transporte sin cumplir las condiciones exigidas puede representar riesgos tanto para quienes viajan en él como para los demás actores de la vía.
Sin embargo, el debate aparece cuando la solución se concentra únicamente en retirar o inmovilizar los vehículos sin explicar con claridad qué alternativa tendrán las personas que dependían de ellos.
Soacha es uno de los municipios con mayor crecimiento poblacional de la región y miles de ciudadanos necesitan movilizarse diariamente hacia Bogotá y dentro del propio municipio.
Por eso, para algunos habitantes, eliminar una alternativa de transporte sin fortalecer previamente las opciones legales puede terminar trasladando el problema de un lado a otro.
¿Qué pasa con quienes no tienen otra opción?
Para una persona que vive lejos de una estación de TransMilenio o de una ruta de transporte formal, la situación puede ser diferente a la de alguien que tiene varias alternativas cerca de su vivienda.
Un trayecto que antes podía realizarse directamente puede convertirse en varios transbordos, mayores tiempos de desplazamiento y un aumento en el costo diario de transporte.
Y ahí aparece una de las principales preocupaciones de los usuarios: si las autoridades consideran que estos vehículos no deben continuar prestando el servicio, también deberían explicar qué medidas se implementarán para atender la demanda que quedará descubierta.
No se trata de defender la informalidad ni de desconocer los riesgos. Se trata de preguntarse qué ocurre con los pasajeros que necesitan desplazarse todos los días.
La discusión vuelve a poner la mirada sobre la administración
La Alcaldía de Soacha enfrenta ahora el reto de demostrar que los controles pueden ir acompañados de soluciones.
La inmovilización puede ser una herramienta para hacer cumplir la ley, pero por sí sola no resuelve las necesidades de movilidad de una población que requiere alternativas eficientes y accesibles.
El debate ciudadano empieza entonces a girar hacia las posibles soluciones: ampliar rutas, mejorar la frecuencia del transporte legal, facilitar conexiones con Bogotá y estudiar mecanismos que permitan que algunos actores del transporte informal puedan avanzar hacia esquemas regulados cuando sea jurídica y técnicamente posible.
Seguridad sí, pero también alternativas
El punto central de la discusión no debería ser escoger entre seguridad o movilidad.
Los usuarios necesitan ambas.
Un servicio de transporte debe cumplir condiciones de seguridad, tener controles y garantizar responsabilidades frente a los pasajeros. Pero también es necesario que la administración tenga capacidad para responder cuando una medida de control afecta una actividad de la que dependían miles de personas.
La pregunta que queda sobre la mesa es sencilla, pero incómoda: si estos vehículos ya no pueden transportar a los soachunos que los utilizaban diariamente, ¿qué alternativa concreta les está ofreciendo la administración?