Una denuncia contra el expresidente Gustavo Petro fue presentada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por presuntas instrucciones relacionadas con reuniones entre funcionarios de su Gobierno y antiguos jefes paramilitares en Valledupar, realizadas en 2025.
La iniciativa fue radicada el lunes 19 de octubre por integrantes del partido Salvación Nacional y busca que se investigue si esos encuentros, que inicialmente estaban relacionados con asuntos de paz y reconciliación, habrían sido utilizados para promover declaraciones contra dirigentes políticos.
¿Qué motivó la denuncia contra Gustavo Petro?
La denuncia se apoya en declaraciones públicas de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y del abogado Juan Carlos Villamizar, quienes han entregado versiones sobre lo ocurrido durante los encuentros en Valledupar.
Según los señalamientos recogidos en el documento, se busca establecer si el entonces presidente impartió, autorizó o promovió instrucciones para conseguir declaraciones públicas contra Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras, fallecido exvicepresidente.
Los denunciantes también solicitaron determinar si se utilizaron recursos públicos, personal del Gobierno o espacios institucionales con fines diferentes a los objetivos oficiales de las reuniones.
Sin embargo, estos señalamientos hacen parte de una denuncia que deberá ser examinada por las autoridades competentes y no constituyen, por sí mismos, una demostración de responsabilidad penal del expresidente.
¿Qué ocurrió en las reuniones de Valledupar?
Los encuentros se realizaron en 2025 y reunieron a antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con representantes del Gobierno de entonces.
De acuerdo con las versiones conocidas públicamente, la agenda inicial contemplaba asuntos relacionados con el proceso de Justicia y Paz, la reparación a las víctimas, la entrega de bienes y la situación jurídica de antiguos integrantes de esa organización.
No obstante, Salvatore Mancuso y su abogado Juan Carlos Villamizar afirmaron que durante las reuniones se habría planteado la posibilidad de que los excomandantes hicieran públicas declaraciones contra determinadas figuras políticas.
Según esas versiones, entre los nombres mencionados estaban Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras. Mancuso sostuvo que los participantes no aceptaron la petición que, según su relato, les habría sido planteada.
Las declaraciones también involucran a Angie Rodríguez y al entonces asesor presidencial Víctor de Currea-Lugo, quienes habrían transmitido la solicitud. La denuncia busca esclarecer quién dio las instrucciones, cuál era su propósito y si existieron presiones o actuaciones contrarias a la ley.
¿Qué busca establecer la investigación?
Entre las solicitudes presentadas ante la Comisión de Investigación y Acusación está determinar si Gustavo Petro tuvo alguna intervención jurídicamente relevante en los hechos denunciados.
También se pide esclarecer si se utilizaron indebidamente las competencias oficiales, los recursos estatales o los espacios institucionales destinados a asuntos de paz y reconciliación.
La controversia se produce después de que el actual ministro de Justicia, Iván Cancino, solicitara a la Fiscalía General de la Nación investigar los hechos relacionados con las reuniones y verificar si existieron presiones, posibles ofrecimientos de beneficios judiciales o intentos de promover declaraciones falsas.
Las autoridades deberán contrastar las versiones de las personas mencionadas, establecer las circunstancias en las que se desarrollaron los encuentros y determinar si existen elementos que justifiquen actuaciones judiciales adicionales.
Un caso que abre interrogantes sobre el uso de espacios institucionales
La denuncia pone en el centro del debate la utilización de reuniones oficiales y de los mecanismos relacionados con la paz y la justicia transicional. El esclarecimiento de los hechos dependerá de las pruebas que puedan recopilar las autoridades y de las declaraciones de quienes participaron en los encuentros.
Por ahora, la presentación de la denuncia no equivale a una condena ni demuestra que las presuntas instrucciones hayan sido impartidas por el expresidente. La investigación deberá establecer qué ocurrió, quiénes intervinieron y si hubo alguna conducta ilegal.
El caso podría tener repercusiones políticas y judiciales a medida que se conozcan nuevos elementos y las autoridades avancen en la verificación de los señalamientos.
