Más de 7.000 metros cuadrados de bosque fueron arrasados en la Serranía de Juaica, una zona protegida de Tenjo. La comunidad denuncia presunta participación de contratistas de la Alcaldía.
Un grave ecocidio ambiental ha encendido las alarmas en el municipio de Tenjo, donde la comunidad de Churuguaco Alto denunció la tala indiscriminada de más de 500 árboles nativos en la Serranía de Juaica, una de las zonas de reserva más importantes de la Cuenca Alta del Río Bogotá.
Las imágenes compartidas por los habitantes muestran extensas áreas despejadas, con restos de frailejones, quiches, tunos y alisos —especies propias del ecosistema de páramo—, lo que evidencia un daño ambiental de gran magnitud.
El director regional de la CAR Sabana Centro, Andrés Garzón, confirmó que ya se adelanta una investigación sancionatoria ambiental:
“Se evidenciaron actividades de rocería y tala indiscriminada de especies nativas propias del ecosistema de páramo. Este tipo de acciones comprometen gravemente la estabilidad del suelo y la biodiversidad de la región”, señaló Garzón.
Denuncian posible contrato municipal detrás de la tala
Según los habitantes, los trabajos fueron realizados por personas identificadas con la empresa Ecoredd, bajo un contrato con la Empresa de Servicios Públicos de Tenjo (Emsertejo). Aunque hasta el momento no hay pronunciamiento oficial de la Alcaldía, las denuncias apuntan a que se trataría de labores ejecutadas con recursos públicos.
“Ver destruido lo que tanto hemos cuidado duele profundamente. Nos preocupa el futuro de nuestras fuentes hídricas y de las especies nativas que aquí habitan”, expresó Mariana Garzón, presidenta de la JAC de Churuguaco Alto.
Un golpe a la fauna andina
El daño ambiental también amenaza el hábitat de tigrillos, venados cola blanca, zorros perrunos, coatíes de montaña, colibríes, ranas sabaneras y el oso andino, especies protegidas que dependen de estos bosques.
La CAR Cundinamarca, junto con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, articula acciones para identificar y judicializar a los responsables. Mientras tanto, la comunidad exige que el municipio asuma su responsabilidad y se detengan las intervenciones que comprometen los ecosistemas de páramo.
“No es una tala. Es un crimen ambiental”, concluyen los líderes comunitarios.