A nueve años de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc, el país se encuentra ante un panorama mixto. Por un lado, se han logrado avances en inversión, tierras, justicia transicional y reincorporación; pero por el otro, persisten brechas profundas en seguridad, participación política y reforma rural.
Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), aún quedan pendientes tareas clave en reincorporación, sustitución de cultivos, justicia transicional y acceso a tierras. A esto se suma que, pese a que ya se ha ejecutado el 53% del presupuesto proyectado para 15 años —más de 107 billones de pesos—, solo el 17% de los proyectos cuenta con indicadores verificables según la Contraloría.
Avances y rezagos en la reforma rural
La Agencia Nacional de Tierras reportó que hasta agosto se han adjudicado cerca de 16.500 hectáreas en 2024, llegando a un total de 275.577 hectáreas entregadas desde la firma del acuerdo, lo que representa apenas el 9% de la meta de tres millones de hectáreas.
En cuanto a la formalización, la cifra asciende a más de 3,5 millones de hectáreas, la mitad del objetivo planteado de siete millones.
De estos procesos, los más beneficiados han sido agricultores y comunidades étnicas, que han recibido más del 60% de las tierras adjudicadas y formalizadas.
Sin embargo, uno de los pilares del punto uno del acuerdo, la Jurisdicción Agraria y Rural, continúa frenada en el Congreso. La Defensoría del Pueblo ha instado a avanzar en su aprobación, ya que sería determinante para resolver conflictos históricos por la tierra.
Reincorporación: avances en medio del riesgo
Más de 11.000 excombatientes continúan su proceso de reincorporación, pese a las dificultades de seguridad que enfrentan en varias regiones del país.
La Misión de Verificación de la ONU ha insistido en reforzar medidas de protección y presencia estatal, especialmente tras registrar hechos graves como amenazas, desplazamientos y agresiones en zonas donde persisten grupos armados.
Desde 2016, la ONU ha verificado el asesinato de 481 firmantes del acuerdo, además de más de 160 intentos de homicidio y decenas de desapariciones. La entidad ha advertido que estos crímenes afectan directamente la confianza en el proceso de paz y dificultan la consolidación de proyectos productivos y comunitarios.
Justicia transicional: hitos recientes
En 2024, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió sus primeras sanciones propias en dos casos emblemáticos:
- Caso 01: por toma de rehenes y crímenes de guerra cometidos por exmiembros del Secretariado de las Farc.
- Caso 03: por crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública relacionados con ejecuciones extrajudiciales en la región Caribe.
Estas decisiones marcan un punto clave en el cumplimiento del sistema integral de verdad, justicia y reparación.
Participación política: un ciclo que se cierra
Este periodo legislativo será el último en el que el partido Comunes ocupe los diez escaños otorgados por el acuerdo. A partir de las próximas elecciones, deberá competir en igualdad de condiciones en las urnas, un paso esperado dentro del tránsito hacia la participación democrática plena.
Un acuerdo vivo, pero lleno de desafíos
La violencia en varias regiones, la falta de articulación institucional y el rezago en la reforma rural siguen siendo los grandes obstáculos para consolidar lo pactado.
Aun así, los avances en tierras, justicia transicional y reincorporación demuestran que el acuerdo continúa moviéndose, aunque no al ritmo esperado.
Nueve años después, Colombia se encuentra ante una tarea pendiente pero posible: fortalecer la presencia estatal en los territorios, cerrar las brechas sociales e impulsar los mecanismos que garanticen una paz duradera.
Diego Buitrago P