El exalcalde de Soacha y líder político Juan Carlos Saldarriaga fue víctima de un presunto ataque político el pasado 6 de febrero, en una jornada marcada por manifestaciones previas relacionadas con los falsos positivos y un ambiente de alta polarización ideológica en el municipio.
Minutos antes de los hechos, se registró una protesta de madres y líderes sociales en inmediaciones del lugar donde más tarde se desarrollaría una reunión política. La manifestación, difundida en una publicación previa, se dio en un contexto de fuerte confrontación, con consignas dirigidas contra sectores políticos específicos.
De acuerdo con la información conocida, tras la protesta, Saldarriaga se dirigió a una reunión política programada. En el desarrollo de la jornada se presentó un incidente de violencia, en el que un grupo de personas habría intentado agredirlo, obligando a activar medidas de protección. Posteriormente, el líder político asistió brevemente al encuentro y se retiró del municipio ante las condiciones de riesgo.
Sectores críticos han señalado que este tipo de manifestaciones, promovidas e incentivadas por sectores de izquierda, terminan desbordándose en escenarios de confrontación, donde personas inocentes resultan afectadas y se pone en riesgo la integridad de quienes participan en la vida política. Para estos sectores, el episodio ocurrido en Soacha es una muestra de cómo la retórica de odio y la estigmatización pueden traducirse en hechos de violencia.
El caso ha reavivado el debate sobre los límites de la protesta, la responsabilidad política de quienes convocan y alientan movilizaciones y la necesidad de garantizar que el ejercicio democrático no derive en agresiones ni persecuciones.
Mientras se esperan pronunciamientos más amplios por parte de las autoridades, el hecho ocurrido el 6 de febrero vuelve a encender las alarmas sobre la violencia política, la polarización extrema y sus consecuencias en municipios como Soacha, donde la memoria histórica y el debate político siguen siendo terreno de confrontación.