La decisión judicial que ordenó la reclusión en cárcel de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco abrió un debate sobre el uso de la detención preventiva, mientras el país espera que la justicia esclarezca uno de los casos más delicados del actual gobierno.
Tras la imputación de cargos, tanto Bonilla (Hacienda) como Velasco (Interior) reiteraron su inocencia y han manifestado su disposición a enfrentar el proceso judicial. El presidente Gustavo Petro también se refirió al caso, señalando que no puede afirmar que sus exfuncionarios sean culpables y atribuyendo el foco del escándalo al exdirector de la Ungrd, Olmedo López.
Desde la Casa de Nariño, la reacción ha sido vista por algunos sectores como ligera frente a la gravedad de las acusaciones, especialmente porque, de comprobarse los hechos, se trataría de delitos cometidos para favorecer la agenda legislativa del Gobierno.
Desarrollo del caso
La Fiscalía solicitó inicialmente una medida de aseguramiento de prisión domiciliaria. Sin embargo, la jueza Aura Alexandra Rosero Baquero, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, decidió imponer detención en centro carcelario.
Según la magistrada, la privación de la libertad no responde a un eventual riesgo de fuga, sino a la posibilidad de que los exministros reactiven una presunta red de corrupción para seguir influyendo en la asignación de contratos estatales. Esta decisión ha generado cuestionamientos, ya que ambos procesados han comparecido ante la justicia, no han evadido los llamados judiciales ni han salido del país.
Claves jurídicas
La detención preventiva, según expertos y la propia normativa, debe aplicarse de manera excepcional y no como una sanción anticipada. En este caso, críticos de la decisión consideran que no está claro que Bonilla y Velasco representen un riesgo real para el proceso judicial, lo que abre la discusión sobre un posible uso excesivo de esta figura legal.
La defensa, por su parte, ha solicitado tiempo y garantías para controvertir los testimonios y las pruebas presentadas por la Fiscalía.
Lo más importante
En su decisión, la jueza Rosero Baquero sostuvo que existen elementos suficientes para considerar que los exministros no solo cumplieron funciones propias de sus cargos, sino que habrían liderado y coordinado, a través de terceros, un entramado de direccionamiento de contratos en entidades como la Ungrd y el Invías. El objetivo, según la magistrada, habría sido asegurar apoyos legislativos a cambio de recursos públicos, lo que configuraría un acuerdo criminal organizado contra la administración pública.
Estas afirmaciones, de enorme gravedad, aún deben ser demostradas en juicio. Por ello, el país espera que tanto la Corte Suprema como la justicia ordinaria avancen con rapidez y claridad para determinar qué ocurrió realmente y hasta dónde llega el que podría convertirse en el mayor escándalo de corrupción del gobierno de Gustavo Petro.