La joven Deisy Paola Giménez Segovia, de 22 años, había acudido a las autoridades para denunciar las agresiones y amenazas que, según su testimonio, sufría por parte de su expareja. Incluso se había dictado una orden para que él no se acercara ni la intimidara. Sin embargo, el 8 de octubre, cuando se dirigía a su trabajo en Lambaré, Paraguay, fue asesinada a tiros.
El caso ha generado indignación porque la denuncia existía y la joven había alertado que el hostigamiento continuaba. Ahora, además de investigar el crimen, las autoridades deben esclarecer qué ocurrió con las medidas de protección y por qué no lograron evitar el desenlace.
Había denunciado las agresiones semanas antes
De acuerdo con medios paraguayos, Deisy presentó la denuncia el 18 de septiembre ante una dependencia policial especializada en violencia intrafamiliar. En su relato describió episodios de violencia física, verbal y psicológica, así como amenazas que le hacían temer por su seguridad.
La joven también habría contado que, días antes de acudir a la Policía, su expareja le destruyó el teléfono celular y la habría intentado estrangular durante una discusión. Estos antecedentes quedaron registrados en la denuncia que ahora forma parte del contexto de la investigación por su muerte.
Tras la denuncia, un juzgado de Paz dispuso medidas de protección que incluían la prohibición de acercarse, hostigar, intimidar, agredir, amenazar o comunicarse con ella. Pero, según reportes posteriores, Deisy volvió a advertir que el hombre seguía acosándola.
El día del crimen
El ataque ocurrió la noche del jueves 8 de octubre, en el barrio Santa Lucía de Lambaré. Según los reportes, Deisy caminaba rumbo a su trabajo cuando un automóvil le cerró el paso. Las cámaras de seguridad registraron parte de la secuencia y, de acuerdo con la información publicada, la joven intentó escapar antes de recibir los disparos.
La autopsia confirmó que murió por dos impactos de bala en la cabeza. El señalado es Aldo Alexis Duarte Moreira, de 26 años, quien fue detenido la noche del viernes 9 de octubre en la ciudad de Villeta, luego de que las autoridades adelantaran operativos para localizarlo.
La Fiscalía paraguaya lo imputó por feminicidio y homicidio doloso y solicitó prisión preventiva. El proceso deberá establecer su responsabilidad penal.
La alerta que no llegó a tiempo
Uno de los puntos más delicados del caso es lo ocurrido después de que Deisy denunciara que el hostigamiento continuaba.
Según la información publicada por ABC Color, el 1 de octubre la joven ratificó su denuncia en una audiencia y advirtió que su expareja seguía acosándola, pese a las restricciones impuestas. Días después, el 7 de octubre, la jueza encargada del caso emitió un oficio para informar a la Fiscalía sobre un posible incumplimiento de las medidas. Sin embargo, ese documento no habría llegado al Ministerio Público antes del asesinato.
La jueza explicó que hubo dificultades para tramitar la comunicación con mayor rapidez. Esa explicación, no obstante, no cierra el debate sobre el funcionamiento de las instituciones que debían intervenir para proteger a la joven.
Tras el crimen, el Poder Judicial paraguayo ordenó una auditoría inmediata para revisar las actuaciones de los órganos judiciales involucrados y verificar si se cumplieron los procedimientos correspondientes. El resultado deberá ser remitido a las instancias competentes para que determinen si procede adoptar medidas adicionales.
Una orden no debería quedarse en el papel
El caso de Deisy Paola deja una pregunta difícil: ¿qué tan efectiva es una medida de protección cuando la persona que la solicita continúa sintiéndose amenazada?
La denuncia, la orden de alejamiento y las advertencias posteriores hacen parte de una cronología que ahora está bajo revisión. No corresponde anticipar las conclusiones de esa auditoría, pero sí resulta fundamental esclarecer si hubo demoras, omisiones o fallas en la coordinación entre las instituciones.
Para las víctimas de violencia, acudir a las autoridades puede ser un paso difícil que exige confianza en la posibilidad de recibir ayuda. Por eso, la respuesta institucional no puede limitarse a recibir una denuncia o emitir una orden: también requiere seguimiento y actuación oportuna cuando se informa de nuevas amenazas.
La muerte de Deisy no solo deja a una familia de luto. También pone bajo escrutinio la capacidad de las instituciones para convertir una advertencia en protección efectiva, antes de que sea demasiado tarde.