Un nuevo golpe político y administrativo sacude a la Alcaldía de Soacha. El Juzgado Once Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá declaró que el alcalde municipal, Víctor Julián Sánchez Acosta, o su delegado o quien haga sus veces, incurrió en desacato frente a una orden judicial relacionada con obras y estudios para el barrio Julio Rincón, en la comuna 4.
La decisión deja mal parada a la administración municipal, pues el despacho judicial concluyó que no se acreditó el cumplimiento material de la obligación ordenada previamente. En palabras sencillas: para el juzgado, no bastaba con mostrar documentos o gestiones preliminares; lo que se debía demostrar era el cumplimiento real de la orden.
No eran solo papeles: el juzgado pedía cumplimiento real
El caso se relaciona con una acción popular en la que estaban vinculadas la Alcaldía Municipal de Soacha, la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, y la Secretaría de Infraestructura, Valorización y Servicios Públicos.
Según el auto, la orden judicial establecía que la fase de estudios y diseños a cargo del municipio debía ejecutarse a más tardar el 30 de marzo de 2026.
Sin embargo, aunque el municipio presentó un informe el 8 de mayo de 2026 con estudios previos, análisis del sector, estudio de mercado y un certificado de disponibilidad presupuestal por 115 millones de pesos, el juzgado consideró que eso no demostraba el cumplimiento de fondo.
“Gestiones incipientes”: la frase que golpea a la administración
Uno de los puntos más delicados del documento es que el despacho señaló que lo aportado por la entidad solo evidenciaba gestiones precontractuales incipientes.
Esa frase deja una lectura fuerte: la administración habría llegado tarde y con avances apenas preliminares frente a una orden que ya tenía fecha límite vencida.
Para la comunidad, especialmente para los habitantes del barrio Julio Rincón, la pregunta es inevitable: ¿por qué una orden judicial tuvo que terminar en sanción para que el tema tomara fuerza?
Multa de 10 salarios mínimos
Como consecuencia, el juzgado decidió sancionar al alcalde municipal de Soacha, Víctor Julián Sánchez Acosta, o a su delegado o quien haga sus veces, con una multa equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Pero el punto más importante es que el mismo despacho advirtió que pagar la multa no libera a la administración de cumplir. Es decir, la sanción no borra la obligación: el municipio sigue obligado a cumplir de manera material, íntegra y oportuna lo ordenado.
Un mensaje incómodo para la Alcaldía
Este caso se convierte en un llamado de atención fuerte para la administración municipal. No se trata únicamente de una multa, sino de una decisión judicial que cuestiona la capacidad de cumplimiento de la Alcaldía frente a compromisos adquiridos por orden de un juez.
En un municipio como Soacha, donde las comunidades reclaman obras, vías, planeación y respuestas concretas, este tipo de decisiones generan preocupación y aumentan la presión ciudadana sobre la gestión local.
La comunidad sigue esperando respuestas
Mientras el proceso continúa su trámite, la gran afectada sigue siendo la ciudadanía. El barrio Julio Rincón y la comuna 4 esperan soluciones reales, no solo documentos, anuncios o trámites administrativos.
La decisión judicial deja una conclusión clara: cuando una administración no cumple a tiempo una orden, el costo no es solo jurídico o económico. También hay un costo político, social y de confianza ciudadana.
Ahora la Alcaldía de Soacha tendrá que responder no solo ante el juzgado, sino ante una comunidad que lleva años esperando hechos concretos.