Una pareja habría convertido varios inmuebles de Usaquén en espacios para realizar procedimientos estéticos sin contar con la formación médica requerida. La investigación descubrió documentos falsos, cientos de posibles pacientes y relatos de personas que habrían sentido dolor durante las intervenciones.
Lo que para muchos pacientes parecía una oportunidad para cambiar su apariencia física a un precio atractivo terminó convirtiéndose en el centro de una investigación judicial.
La Fiscalía General de la Nación dio a conocer la captura de Esteban Felipe Henao y Ruth Verónica Lengua Jaramillo, señalados de ofrecer y realizar procedimientos estéticos sin estar habilitados como médicos ni cirujanos.
La investigación apunta a que la pareja habría construido una fachada para convencer a sus clientes de que estaban ingresando a establecimientos donde podían recibir atención médica. Consultorios, camillas, personal auxiliar y diferentes elementos fueron utilizados, según las autoridades, para reforzar esa apariencia.
Pero detrás de esa imagen habría existido una actividad completamente irregular.
Una oferta que llegaba por redes sociales
La captación de pacientes habría comenzado en internet.
A través de redes sociales se promocionaban diferentes procedimientos estéticos con precios y ofertas dirigidas a personas interesadas en modificar alguna parte de su cuerpo.
La lista incluía intervenciones de alta complejidad como liposucciones, rinoplastias, transferencias de grasa, aumento de glúteos y marcaciones abdominales, además de otros tratamientos.
La Fiscalía logró identificar inicialmente a 59 personas que habrían entregado más de 568 millones de pesos por los servicios. Sin embargo, el número de posibles pacientes sería mucho mayor y podría superar las 200 personas.
El momento en que algunos pacientes se despertaron
Entre los testimonios que hacen parte de la investigación hay uno particularmente grave.
Algunas personas habrían recuperado la conciencia mientras estaban siendo intervenidas y comenzaron a sentir dolor.
Según lo relatado por la Fiscalía durante la audiencia, en esos momentos los responsables presuntamente intentaban impedir que las víctimas pidieran ayuda, llegando a sujetarlas o cubrirles la boca para evitar que sus gritos fueran escuchados.
Los investigadores también encontraron presuntas irregularidades en la forma en que se desarrollaban las intervenciones: no habría existido una valoración previa realizada por anestesiólogos certificados, tampoco se habrían elaborado las historias clínicas correspondientes y las condiciones de asepsia no serían las exigidas para este tipo de procedimientos.
El intento por construir una identidad profesional
La investigación no se habría limitado a los lugares donde se realizaban las intervenciones.
Los documentos encontrados por las autoridades también despertaron sospechas.
La Fiscalía sostiene que los investigados habrían utilizado diplomas y actas de grado falsos para presentarse como profesionales de la medicina.
Uno de los casos investigados corresponde a Henao, quien habría intentado solicitar una tarjeta profesional como médico y su inscripción en el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud. Para hacerlo, habría presentado documentación que, según la Fiscalía, no era auténtica.
El trámite terminó siendo rechazado.
En el caso de Lengua Jaramillo, las autoridades también encontraron documentos que supuestamente la acreditaban como médica y cirujana, además de una identificación que la presentaba como integrante del talento humano en salud, pese a que —según la investigación— el Colegio Médico Colombiano nunca le habría expedido una tarjeta profesional.
Una investigación que busca establecer el verdadero alcance
El caso todavía tiene preguntas por responder.
La Fiscalía deberá establecer cuántas personas fueron realmente intervenidas, qué procedimientos recibieron, cuánto dinero fue recaudado y si otras personas participaron en la operación.
Henao y Lengua Jaramillo fueron imputados por delitos como concierto para delinquir, estafa en modalidad de masa, falsedad material en documento público y fraude procesal. Ambos aceptaron los cargos durante la audiencia.
Mientras avanza el proceso judicial, el caso deja una advertencia sobre un mercado en el que la publicidad en redes sociales y los precios llamativos pueden hacer que un paciente pase por alto una de las verificaciones más importantes: saber quién está realizando el procedimiento y si realmente está autorizado para hacerlo.
Porque en una cirugía estética, el engaño no termina cuando el paciente descubre que el supuesto profesional no tenía título. Para entonces, el procedimiento ya pudo haber comenzado.