El presidente Abelardo de la Espriella anunció que la revisión de los contratos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se extenderá a todas las regionales del país, luego de reportar presuntas irregularidades en procesos de contratación de la regional Córdoba. El mandatario aseguró que los hallazgos preliminares serán remitidos a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de control para que se investiguen los hechos y se determinen posibles responsabilidades.
El anuncio fue realizado el 25 de octubre de 2026, después de una visita de verificación que, según el Gobierno, permitió identificar posibles anomalías en contratos relacionados con alimentación, medicamentos, servicios médicos y actividades de bienestar para los aprendices. <Cite refs={[“turn166964search0″,”turn166964search1”]}/>
Contratos por $1.698 millones están bajo revisión
Entre los casos señalados por el presidente se encuentran dos contratos que suman $1.698 millones. El primero, por $933 millones, estaba relacionado con actividades de bienestar. Según la información divulgada por el mandatario, se habrían entregado refrigerios en mal estado, incluso a niños, y se habrían pagado eventos en su totalidad pese a que algunos participantes no asistieron.
El segundo contrato, por $765 millones, estaría relacionado con el suministro de medicamentos. De acuerdo con los hallazgos preliminares expuestos, se habrían presentado entregas tardías o parciales y productos próximos a vencer, mientras las facturas habrían sido pagadas completamente.
Las observaciones también incluyen posibles deficiencias en los estudios de mercado, presunto direccionamiento de procesos para favorecer a determinados contratistas, fraccionamiento de contratos y pagos autorizados sin una verificación suficiente de los servicios prestados. <Cite refs={[“turn166964search3″,”turn166964search5”]}/>
“Esto es una vergüenza”: el pronunciamiento del presidente
De la Espriella calificó los hechos denunciados como graves y afirmó que no permitirá que los recursos públicos destinados a la formación de los colombianos sean utilizados de manera indebida.
El mandatario también cuestionó que, mientras se habrían presentado problemas en contratos de alimentación, medicamentos y otros servicios, la adquisición de computadores y equipos necesarios para la formación de los aprendices continuaría pendiente.
Sin embargo, los señalamientos divulgados corresponden a un informe preliminar. Las posibles irregularidades deberán ser contrastadas y verificadas por las autoridades competentes antes de establecer responsabilidades individuales o institucionales.
El Gobierno anuncia revisión en todas las regionales del SENA
Una de las principales decisiones anunciadas consiste en ampliar la revisión contractual a todas las sedes y centros de formación del SENA en Colombia.
Según explicó el presidente, el examen incluirá los contratos, los pagos, la infraestructura, la contratación de instructores, los programas de formación y la destinación de los recursos públicos.
El objetivo anunciado es identificar posibles irregularidades en otras regionales y establecer si existen situaciones similares a las reportadas en Córdoba. El Gobierno también señaló que buscará esclarecer posibles vínculos entre funcionarios públicos, actores políticos y los hechos denunciados, sin que hasta el momento los señalamientos divulgados constituyan una determinación judicial de responsabilidad.
¿Qué pasará con los hallazgos?
Una vez consolidado el informe definitivo, el Gobierno anunció que trasladará la información a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de control para que evalúen si corresponde abrir investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.
Estas entidades serán las encargadas de establecer si hubo incumplimientos contractuales, uso indebido de recursos públicos o conductas que puedan constituir delitos o faltas disciplinarias.
Por ahora, el caso mantiene bajo observación la contratación del SENA y abre interrogantes sobre los mecanismos de supervisión, la calidad de los servicios contratados y el control de los recursos destinados a la formación técnica y profesional.
La revisión nacional anunciada será clave para determinar si las situaciones señaladas se limitan a la regional Córdoba o si existen problemas similares en otros centros de la entidad.
¿Considera que estas revisiones deberían extenderse a todas las entidades públicas para garantizar el buen uso de los recursos del Estado?