La polémica en torno al periodista y presentador Rafael Poveda continúa generando nuevas reacciones. En las últimas horas, la abogada y activista Sofía Vela, quien denunció públicamente al comunicador por un presunto caso de abuso sexual, aseguró que ha recibido amenazas de muerte e intimidaciones después de hacer pública su versión de los hechos.
Según la denuncia, los mensajes contienen insultos, expresiones misóginas y amenazas directas contra su integridad. Vela manifestó que estas intimidaciones ya fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se determine el origen de los mensajes.
El caso también ha impactado a las periodistas vinculadas al colectivo Yo Te Creo Colega, que difundió el testimonio de la denunciante. Las comunicadoras informaron que igualmente han recibido amenazas de muerte y señalaron que toda la información fue entregada a las autoridades para que adopten las medidas de protección e investiguen a los responsables.
En un pronunciamiento público, las integrantes del colectivo hicieron un llamado a reducir el tono de la discusión en redes sociales y a permitir que las instituciones competentes adelanten las investigaciones con las garantías del debido proceso. Además, rechazaron cualquier forma de violencia, intimidación o discurso de odio dirigido contra quienes participan en el caso.
Por su parte, Rafael Poveda ha rechazado los señalamientos en su contra y, de acuerdo con información divulgada por distintos medios, estudia emprender acciones legales contra Sofía Vela y las periodistas que difundieron las denuncias. Hasta el momento, el caso permanece en desarrollo y no existe una decisión judicial que establezca responsabilidades sobre las acusaciones formuladas.
Organizaciones y defensores de la libertad de prensa también se pronunciaron frente a las amenazas. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) condenó los mensajes intimidatorios y solicitó a las autoridades investigar su origen, así como adoptar medidas para proteger tanto a la denunciante como a las periodistas involucradas en el cubrimiento del caso.
Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades continúan recopilando información sobre las amenazas denunciadas. Paralelamente, cualquier eventual responsabilidad relacionada con las acusaciones de presunto abuso sexual deberá definirse mediante los procedimientos judiciales correspondientes y con respeto por las garantías del debido proceso para todas las partes involucradas.
